I-4-2022

La existencia de dispositivos de videovigilancia en los establecimientos penitenciarios hace necesario abordar su regulación para su adecuación a la normativa de protección de datos de carácter personal y la política de seguridad de la información en los centros penitenciarios dependientes de esta Secretaría General. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales (en adelante LO 3/2018); y la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales (en adelante LO 7/2021), establecen diferentes regímenes jurídicos de protección y actuación que deben regularse. De un lado, respecto al tratamiento de los datos obtenidos mediante videovigilancia que no afecten a las personas privadas de libertad y que no estén directamente relacionados con la ejecución penal, que se estará a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante RGPD) - por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD)- y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. De otro lado, respecto al régimen jurídico detallado para las grabaciones de las personas privadas de libertad, que se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 7/2021 y a las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo para el específico ámbito penitenciario.